El origen del control fiscal en el Departamento del Atlántico se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la Asamblea Departamental creó y consolidó, a través de sucesivas ordenanzas, el organismo encargado de examinar el manejo de los recursos públicos, hasta convertirse en la actual Contraloría Departamental del Atlántico.
Línea de Tiempo Institucional
1912
Mediante la Ordenanza No. 5 del 23 de marzo, la Asamblea Departamental del Atlántico creó la Oficina del Tribunal de Cuentas, integrada por un Magistrado elegido anualmente por la propia Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 a 105 y siguientes de dicha ordenanza.
1914
La Ordenanza No. 40 del 5 de mayo dispuso que el Tribunal de Cuentas rindiera cuentas ante la Asamblea Departamental y precisó, en sus artículos 73 y 133 y siguientes, que la Oficina estaría a cargo de un Magistrado Contador Examinador de Cuentas de elección anual. Esta misma ordenanza, en su artículo 124, reguló el sistema de verificación administrativa del presupuesto departamental.
1917
A través de la Ordenanza No. 55 del 4 de junio se reorganizó el Tribunal de Cuentas del Departamento del Atlántico, ampliando su composición a tres Magistrados Contadores Examinadores, frente al único magistrado previsto en la ordenanza de 1912.
1935
La Ordenanza No. 90 del 8 de agosto reorganizó el Departamento de Contraloría del Atlántico, estableciendo su estructura y funciones, y fijando la elección del Contralor Departamental para un periodo de dos años.
1937
La Ordenanza No. 4 del 23 de mayo introdujo nuevas modificaciones al Departamento de Contraloría del Atlántico, creando algunos cargos y suprimiendo otros dentro de su planta.
Atribuciones Constitucionales y Legales
De conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, la Contraloría ejerce, entre otras, las siguientes atribuciones:
- Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas a los responsables del manejo de fondos o bienes públicos, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán aplicarse.
- Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del erario, determinando el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan actuado.
- Exigir informes sobre la gestión fiscal a los servidores públicos de cualquier orden y a las personas o entidades privadas que administren fondos o bienes públicos departamentales, municipales o distritales.
- Establecer la responsabilidad derivada de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias correspondientes, recaudar su valor y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances que de ella se deriven.
- Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas pertinentes, las investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, el departamento, el municipio o el distrito.
Fuente: Contraloría Departamental del Atlántico — Reseña Histórica Institucional.
